El lunes 11 de Mayo salió una nota en México que no podemos dejar pasar.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente López Obrador que permite a la Fuerza Armada realizar tareas de seguridad pública hasta el 2024.
Dicho acuerdo es, a mi parecer, peligroso porque el Ejército y la Marina podrán realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en la fronteras, aduanas y carreteras federales. Se sigue militarizando al país.
Este decreto hace oficial algo que viene pasando desde hace décadas y con intensidad desde el 2007. No es nuevo, el documento refuerza lo aprobado por todos los partidos en el 2019, con el transitorio del Artículo 5to. de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.
Aunque el acuerdo dice que la Fuerza Armada participará de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, preocupan las funciones civiles otorgadas a militares y la vigilancia de dichas funciones, sobre todo en materia de derechos humanos.
Desde hace tiempo existe otro camino sugerido por expertos del tema: “para recuperar la paz, necesitamos a la policía”. Invertir en una policía que reciba denuncias, investigue y esté bien remunerada. Ese es el otro camino.
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